El respeto irrestricto a su regla de “déficit cero” es la principal razón invocada por Javier Milei para negarse a acatar la ley de financiamiento de las universidades públicas, la norma aprobada por el Congreso para revertir el profundo ajuste que el Gobierno argentino aplica sobre la educación superior y los salarios de los profesores. Según el presidente ultra, llevar el presupuesto universitario al nivel de 2023 –como dispone la ley vigente y como reclamaron el martes pasado multitudinarias protestas en todo el país– amenazaría el superávit fiscal conseguido a fuerza de pasar y repasar su motosierra por el Estado. Las universidades, junto con organizaciones civiles y expertos en políticas públicas, advierten que, en realidad, los recursos retaceados por Milei son inferiores a las múltiples concesiones y exenciones impositivas que su Administración dispensa en favor de empresas o de los sectores sociales de mayores ingresos.
“Milei, cumplí la ley”, fue el lema de la marcha federal que movilizó a cientos de miles de personas en Buenos Aires y en las principales ciudades de Argentina, en defensa de las 64 universidades públicas. En dos años y medio, desde que gobierna Milei, el sistema universitario sufrió una merma del 45% de su presupuesto, mientras los sueldos de profesores y trabajadores no docentes perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo, de acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Sancionada gracias a un amplio acuerdo opositor, y revalidada con mayoría agravada cuando el presidente la vetó, la ley de financiamiento universitario ordena actualizar los recursos y los salarios del sector según la inflación acumulada desde fines de 2023. El actual presupuesto anual de las universidades incluye 4,8 billones de pesos (unos 3.400 millones de dólares) y aplicar la ley supondría añadirle, según distintos cálculos, entre 2,5 y 3,1 billones de pesos. El impacto fiscal –estima el CIN– rondaría el 0,36% del PIB de Argentina.
Con un decreto, Milei oficializó su rechazo a aplicar la ley. Planteó que el Congreso no especificó el origen de los fondos y que la norma “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes” y que “genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”. Después de la masiva manifestación convocada por la comunidad académica, el Gobierno refrendó su negativa. “La ley de financiamiento nació muerta, porque viola el principio presupuestario”, sentenció el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
El reclamo de las universidades para que se cumpla la ley está ahora en manos de la justicia. En primera y segunda instancia, los tribunales ordenaron que comiencen a pagarse los aumentos de salarios y becas previstos por la ley, pero el Ejecutivo apeló y el conflicto espera una resolución de la Corte Suprema. En ese contexto, las autoridades académicas sostienen que es falso que los recursos estatales no alcancen. “Hay toda una batería de medidas tomadas por el Gobierno que tienen un impacto fiscal enorme y son mucho más onerosas que la ley de financiamiento universitario. El argumento de que no hay plata no corre”, explica Germán Pinazo, investigador especializado en economía política y vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
“El costo de la ley este año sería del 0,36 del PIB y eso es la mitad de lo que el Gobierno dijo que podía dejar de recaudar, en concepto de reducción de aportes patronales e impuesto a las ganancias, cuando presentó su ley de modernización laboral”, detalla Pinazo. Con diversos beneficios para las empresas, la reforma laboral fue debatida y aprobada este año, cuando la ley de financiamiento universitario ya había sido sancionada. Otro ejemplo: “Solamente en junio de 2025, en intereses capitalizables de letras emitidas por este Gobierno, se comprometió un gasto equivalente a 10 años de la ley de financiamiento universitario”. El Ejecutivo, concluye Pinazo, “gasta fortunas en cosas por las que no pide autorización al Congreso y después dice que no tiene plata para una ley que tiene la legitimidad de haber sido aprobada y ratificada por el Congreso”.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicó un informe donde sostiene que “cuando hay derechos fundamentales en juego”, como sucede con la educación, “el Estado tiene serios problemas para invocar el argumento de la restricción presupuestaria”, en especial “si esa situación fue creada, en parte, por acciones anteriores recientes del propio Poder Ejecutivo”. La ONG señala que a esa luz debe observarse una decisión como la modificación del impuesto sobre los bienes personales, que en 2024 elevó el mínimo no imponible y redujo la población alcanzada por el tributo al patrimonio: “Aprobada por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, esta medida implicó una merma recaudatoria estimada en torno al 0,2% del PIB anual”.
Entre otras medidas similares, el Gobierno eliminó el impuesto País —a los consumos en moneda extranjera— y el tributo que pagaban los automóviles de alta gama. También suprimió los derechos de exportación que abonaba la minería y redujo los del sector agropecuario. Además, estableció un régimen de exenciones tributarias para grandes inversiones durante 30 años, incluso en rubros como el petrolero, con altas ganancias que ya atraían inversores.
El economista Javier Curcio analiza el ajuste a la educación superior en el marco de la búsqueda del equilibrio fiscal emprendida por Milei. En sus primeros dos años de gestión, el Gobierno redujo cinco puntos el gasto público nacional: pasó de 19 a 14% del PIB. Pero el recorte “no fue homogéneo a todos los sectores” y la universidad está entre las áreas afectadas por encima del promedio. “El Gobierno se encerró en un callejón donde prometió a la sociedad y a los mercados ir rápidamente al déficit cero”, dice Curcio, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). “Es cierto que debía resolver problemas muy complejos, pero justamente el error fue enfrentar esa complejidad con una motosierra en la mano”, señala. “Era muy difícil hacerlo sin romper todo y, de hecho, rompió todo. Si no se solucionan los problemas de crecimiento, el ajuste nunca alcanza”.
La universidad pública está sufriendo un nivel de ajuste que “solo se sostiene transitoriamente y con alto costo en términos de calidad”, entiende Curcio. “El Estado debe cumplir con la ley de financiamiento y podría contar con los fondos necesarios” , si en lugar de la motosierra apelara a “reasignaciones presupuestarias más quirúrgicas, sin reducir impuestos que no había ninguna obligación de reducir”. Al mismo tiempo, destaca Curcio, “la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA), que no fue modificado, cayó cerca de 0,2 puntos del PIB porque la actividad y el consumo cayeron muy fuertemente. Entonces, no se trata solo de aumentar impuestos o no haberlos reducido, se trata de adecuar la política fiscal para hacer frente a los compromisos que la sociedad demanda”.
Mientras reclama un pronto fallo de la Corte Suprema, el sistema universitario sabe que, en el mejor de los casos, solo volverá a los niveles de presupuesto e ingresos de hace dos años y medio. “Hoy el gasto público en educación superior de Argentina está cerca del 0,50% del PBI, el más bajo de América Latina”, compara Pinazo. “Si se aplica la ley de financiamiento, llegaría a 0,75 o 0,80% y estaría debajo del promedio de una región con sistemas universitarios mayormente privatizados”. En Argentina, las universidades públicas —gratuitas y con ingreso libre— concentran al 80% de los estudiantes de educación superior: esa comunidad que integran más de 2,1 millones de alumnos y unos 159.000 docentes es la que está bajo asedio.