El titular de Vialidad Nacional en la provincia afirmó que la emblemática avenida capitalina «jamás perteneció a la Nación» y que la Provincia debe hacerse cargo de su mantenimiento. El Gobernador recogió el guante de inmediato.
La disputa administrativa y judicial entre la Provincia y la Casa Rosada por el control y el financiamiento del Corredor Belgrano sumó un capítulo de altísima tensión política local. El gobernador Juan Pablo Valdés y el director del Distrito Corrientes de Vialidad Nacional, David Moulín, protagonizaron este miércoles un feroz cruce de declaraciones en torno a la jurisdicción de la avenida 3 de Abril, el eje urbano que absorbe el tránsito pesado e internacional que desciende del puente interprovincial.
La mecha la encendió el propio funcionario nacional al intentar desestimar el reclamo de la Provincia, que recientemente presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal tras constatar que el nuevo pliego de concesión de peajes de la Nación excluyó deliberadamente el tramo que atraviesa la capital correntina.
Al anunciar formalmente que las obras de la Autovía de la Ruta 12 se reiniciarán con fuerza el próximo 1 de julio, Moulín aprovechó para fijar la postura jurídica de la administración federal.
«El Corredor Belgrano es jurisdicción del Gobierno de la Provincia de Corrientes, que por un acuerdo posterior se lo cede a la Municipalidad, pero nunca fue jurisdicción del Gobierno nacional», disparó el jefe del distrito local de Vialidad, argumentando razones de índole histórica para desligar a la Nación de los costos de reparación del asfalto urbano.
Moulín ensayó una explicación técnica sobre el diseño vial de la región: «Antes de la existencia del puente interprovincial, hace 52 años, el kilómetro 0 de la Ruta 16 estaba del lado del Chaco y la Ruta 12 bordeaba la ciudad de Corrientes hacia Misiones. Cuando se inaugura el puente se traslada el inicio de la Ruta 16 allí, pero la avenida 3 de Abril jamás perteneció a Nación».
Aunque reconoció el «daño patrimonial» que genera el flujo obligado de camiones de gran porte, concluyó que los pliegos licitatorios centrales no se pueden modificar de forma unilateral, instando a buscar una «solución consensuada» en el ámbito administrativo.
La réplica de Valdés: «Dañaron la infraestructura de Corrientes»
La respuesta del jefe de Estado provincial no se hizo esperar y llegó cargada de reproches institucionales hacia la actitud del funcionario técnico, acusándolo de priorizar los lineamientos de los despachos porteños por sobre las necesidades de su propia provincia.
«Una cosa no quita la otra; que nunca haya sido de jurisdicción nacional, está mal», retrucó Juan Pablo Valdés sin rodeos, desmontando la justificación histórica de Vialidad. Para el mandatario, el volumen de tránsito internacional que la Nación deriva por esa arteria es argumento suficiente para que el área federal financie su mantenimiento y sus postergadas obras de desagüe.
El Gobernador elevó el tono de la discusión y le exigió un compromiso real con el territorio: «Creo que él tiene una buena llegada y que tiene la posibilidad concreta de solucionar esto. Como buen correntino debería solucionarlo, entendiendo la problemática justamente que le genera a los correntinos».
Valdés le recordó a Moulín que conoce la crisis vial de primera mano por residir en la provincia y que su rol debe ser el de revertir las asimetrías históricas. «Tiene la gran posibilidad de solucionar lo que otros gobiernos nacionales le hicieron y dañaron a la infraestructura vial de Corrientes, y el daño que le hicieron a los correntinos», señaló.
«En vez de dedicarse a contestarme a mí, podría dedicarse a solucionar ese problema para el bien de todos los correntinos», cerró de forma categórica, profundizando la grieta por los fondos de la obra pública.