Presentó una nota de protesta en respuesta al anuncio de las autoridades isleñas de prorrogar por cinco años las autorizaciones para la producción de hidrocarburos offshore en el archipiélago, así como a la aprobación para que Navitas Petroleum amplíe su influencia en la zona.
La Cancillería argentina que conduce Pablo Quirno presentó este martes una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido para rechazar “enérgicamente” la extensión ilegítima de licencias petroleras en las Islas Malvinas.
A través de un comunicado, el Palacio San Martín sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos en la plataforma continental argentina “resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina”.
El texto agrega que estas acciones vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a ambos países a no introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa de soberanía siga sin resolverse, y que también contradicen la Resolución 2065 (XX) y otras resoluciones posteriores del Comité Especial de Descolonización.
A su vez, la Cancillería remarcó que toda actividad hidrocarburífera sin autorización argentina constituye un acto ilícito conforme a las Leyes N° 26.659 y N° 26.915 y al Decreto N° 868/2026, y ratificó que el país no reconoce jurisdicción distinta de la propia para habilitar concesiones, participaciones o licencias en esa zona.
Quirno reforzó el reclamo en su cuenta de X, donde escribió que la exploración no autorizada “viola el derecho internacional y las reiteradas Resoluciones de la ONU” y que el Gobierno “seguirá accionando con todas las herramientas jurídicas y diplomáticas contra las empresas y directivos que operen ilegalmente en territorio argentino”.
Bajo esa premisa, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que “quienes intervengan directa o indirectamente en estas actividades ilegales quedan expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes”.
Para concluir, reiteró la disposición argentina a “entablar un diálogo constructivo y sustantivo” con el Reino Unido para retomar las negociaciones bilaterales por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. “Por historia y por derecho: las Malvinas son Argentinas”, sentenció la Cancillería.
La prórroga británica que avivó el conflicto por Malvinas
El reclamo del Gobierno llegó después de que la administración isleña prorrogara todas las licencias offshore vigentes, con la posibilidad de extenderlas dos años más si las empresas cumplen sus programas de trabajo. Cheryl Roberts, responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales de la Asamblea Legislativa del archipiélago, había defendido la medida al señalar que brinda “seguridad a los operadores” para seguir invirtiendo.
El proyecto más avanzado en la zona es Sea Lion, a unos 220 kilómetros del archipiélago, que Navitas Petroleum opera junto con la británica Rockhopper Exploration. Ambas compañías tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión y prevén comenzar a extraer crudo en marzo de 2028.
El otro punto del anuncio isleño fue la autorización para que Navitas amplíe su presencia en el bloque PL001, lindero a Sea Lion. Esa licencia pertenecía hasta ahora a la canadiense JHI Associates; con la nueva aprobación, Navitas se queda con el 65% y pasa a operarla, mientras JHI conserva el 35% restante. La cercanía entre ambos bloques es clave para la empresa israelí, que planea conectarlos mediante tuberías submarinas para reutilizar la infraestructura que ya construye para Sea Lion.
La disputa también avanza en el plano judicial: la semana pasada, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó una medida cautelar que ordena a Navitas y Rockhopper abstenerse de continuar con las obras de Sea Lion, a partir de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. A eso se suman las denuncias penales y los procedimientos administrativos que la Casa Rosada impulsó contra petroleras, accionistas y empresas vinculadas con las operaciones en el Atlántico Sur.
Londres, por su parte, rechaza la postura argentina: sostiene que el país no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las compañías que operan en el archipiélago y defiende el derecho de los isleños a administrar sus propios recursos naturales.