La Justicia argentina avanza en paralelo con tres causas contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino: la mudanza de la sede a Pilar, la compra de una mansión de US$ 17 millones atribuida a testaferros y la evasión de aportes previsionales.
Mientras la Justicia de Estados Unidos avanza con una investigación preliminar por presuntas maniobras de lavado de dinero que involucran a la dirigencia del fútbol argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, enfrentan en el país definiciones judiciales clave en distintas causas abiertas en su contra. Los expedientes tramitan en los fueros Civil y Penal Económico y abarcan tres frentes: la controvertida mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, la disputa sobre qué juez debe investigar la compra de una mansión de 17 millones de dólares atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la entidad, y la posibilidad de que Tapia y Toviggino sean enviados a juicio oral por la retención indebida de aportes previsionales.
La mudanza a Pilar, con la Corte Suprema como próxima instancia
El primero de los frentes quedó abierto al filo del receso judicial de invierno, cuando la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que será la Corte Suprema de Justicia la instancia que deba intervenir si prospera un recurso extraordinario del Estado nacional, que busca revocar el fallo que avaló el traslado de la sede social de la AFA desde la histórica calle Viamonte hacia Pilar. El tribunal, integrado por los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, rechazó el planteo del Gobierno para que la revisión quedara en manos del Superior Tribunal de Justicia porteño, al considerar que la causa reviste naturaleza federal por tratarse de la AFA.
Desde este lunes, con el fin de la feria judicial de invierno, comenzará a definirse si se concede o se desestima la apelación; en este último caso, al Gobierno solo le quedará la vía de la queja directa ante la Corte. El fallo de fondo que el Ejecutivo busca revertir, firmado el 18 de junio, había declarado la nulidad de la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que cuestionaba la inscripción de la entidad en la provincia de Buenos Aires, así como la designación de veedores por 180 días hábiles en la AFA. La mudanza de la sede, desde Viamonte hacia Mercedes 1366, en Pilar, se había formalizado mediante un contrato de comodato firmado en septiembre de 2024 con la Municipalidad de esa localidad bonaerense.
La mansión de Pilar, en su cuarto juez
El segundo frente judicial gira en torno a la compra de una casaquinta de lujo en Pilar por parte de presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. La última novedad previa al receso fue el pase de la causa desde el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, al juzgado penal económico porteño que subroga Verónica Straccia. Poco después, la Cámara Federal de Casación habilitó un recurso de los imputados Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, para que se revise ese traslado, ya que pretenden que el expediente continúe en Campana. La disputa se resolverá el 12 de agosto en una audiencia ante el máximo tribunal penal federal del país.
La pesquisa, que ya pasó por cuatro jueces distintos, apunta a determinar si detrás de la compra —formalizada por la empresa Real Central SRL— existió un esquema de lavado de dinero vinculado a dirigentes de la AFA, en una causa que se fue ampliando hasta incluir una posible defraudación a la propia entidad mediante contrataciones irregulares y desvío de fondos. El juez penal económico Diego Amarante, que ya procesó a Tapia y Toviggino por evasión impositiva, reclamó sumar también este expediente por considerar que forma parte de un mismo entramado delictivo.
Los aportes previsionales, el frente más avanzado
El tercer frente judicial es el que se encuentra más cerca de una definición. La Cámara en lo Penal Económico dejó firme el procesamiento de Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes previsionales por unos 19.000 millones de pesos, lo que podría derivar en el inicio del camino hacia un juicio oral. Ambos dirigentes están embargados por 350 millones de pesos y tienen prohibida la salida del país, aunque Tapia viajó al Mundial con autorización judicial del juez Amarante. El Tribunal de Apelaciones confirmó, además, la acusación contra la propia AFA como persona jurídica.