La caja del impuesto a los combustibles, los gobernadores y los votos en el Congreso quedaron unidos por una misma trama en la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. Acusó al Gobierno de Javier Milei de haber utilizado fondos viales destinados exclusivamente por ley a hacer y mantener rutas para presionar a las provincias y a sus gobernadores y conseguir la aprobación exprés de sus principales proyectos legislativos. Perfil accedió a la denuncia que presentó la legisladora quien no quiso hacer más comentarios.
A partir de la Ley 23.966, que estableció el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), se conformó una caja de recursos con asignación específica para el sistema vial. Parte de esa recaudación alimenta el Sistema Vial Integrado (SisVial), destinado a financiar obras de construcción, mantenimiento, rehabilitación y conservación de rutas.
Dicho esto, la denuncia no hace más que ponerle nombre, apellido y cifras políticas a un dato que ya había sido revelado por PERFIL, en una investigación publicada el 2 de agosto por su editor de Economía, Ezequiel Orlando. Donde se informó que el Gobierno había recaudado $1,35 billones desde que asumió Luis Caputo a través del impuesto a los combustibles líquidos sin ejecutar esos recursos para el mantenimiento de las rutas nacionales.
Una semana después, el 9 de agosto, Hugo Alconada Mon publicó en La Nación una investigación sobre esa misma caja de recursos, y señaló que más de $1 billón permanecería colocado en inversiones financieras, plazos fijos y títulos públicos bajo la administración del Ministerio de Economía mientras las rutas nacionales se deterioran y el Estado subejecuta los fondos destinados a obras viales.
Los datos difundidos por Pagano dicen que los giros de dinero a las provincias no respondían a necesidades de infraestructura, sino al calendario legislativo del Congreso. Señaló que los días de votación se liberaron 3,44 veces más pagos que el resto del mes, operando como un canal de presión hasta el último minuto.
La propia legisladora lo ilustró con una suerte de “lista de precios” legislativa, en la que vinculó los desembolsos realizados a través del Banco Nación, con distintas votaciones y recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial):
Ficha Limpia: $7.895 millones girados el 7 de mayo de 2025 a la Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy, en coincidencia con el rechazo del proyecto en el Senado tras el cambio de voto de los senadores de Misiones (Punto 10, páginas 4 y 5). Acuerdo con el FMI: $6.596 millones desembolsados el 21 de marzo de 2025, concentrados casi íntegramente en Santa Cruz, luego de la aprobación del DNU 179/2025 (Punto 11, página 5). Asimismo, se menciona que el gobernador de Jujuy garantizó el apoyo del diputado nacional Jorge Rizzotti (Punto 11, página 5). Sesiones sobre vetos: $20.983 millones concentrados en beneficiarios provinciales durante la semana de agosto de 2025 en la que el Congreso trató los vetos presidenciales (Punto 12, página 5).
Reforma laboral (Febrero 2026): $17.139 millones girados entre el 11 y el 13 de febrero de 2026, vinculados al acompañamiento de los diputados misioneros de Innovación Federal y del jujeño Jorge Rizzotti (Puntos 13 y 17, páginas 5, 6, 7 y 8). Ley de Glaciares (Abril 2026): $12.551 millones girados entre el 8 y el 10 de abril, figurando Salta entre las provincias beneficiarias (Punto 17, páginas 7 y 8). Hojarasca y Zonas Frías (Mayo 2026): $14.096 millones desembolsados entre el 19 y el 21 de mayo de 2026. Salta recibió fondos que, sumados a los de la ventana anterior, superaron los $1.787 millones (Punto 17, páginas 7 y 8).
Durante las tres ventanas de 2026 -según la denuncia-, se desembolsaron $33.786 millones, equivalente al 52,7% de todo lo pagado por el SisVial durante los primeros cinco meses del año.