El perjuicio mensual para las arcas del Estado es de $ 449.341.802, lo que anualizado asciende a $ 5.842.000.000.
El fiscal Guillermo Marijuan solicitó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la baja de 2.954 beneficiarios que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a través del ANSES. Estos beneficiarios incumplen con la normativa de mantener residencia en el país, ya que se inscribieron como personas mayores de 65 años «vulnerables» pero regresaron a su país de origen, según registros de la Dirección de Migraciones.
El perjuicio mensual para las arcas del Estado es de $ 449.341.802, lo que anualizado asciende a $ 5.842.000.000. Esta solicitud se enmarca en la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón N° 35662/2024, iniciada para constatar la existencia de beneficiarios de la PUAM que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, dispuesta por el artículo 13 inciso 5) de la ley 27,260.
Además de estos 2.954 beneficiarios, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan, está investigando otros 7.512 «titulares PUAM» que mantuvieron «intervalos fuera del país por más de 60 días», también incumpliendo la norma.
Marijuán solicitó a Pettovello que, considerando el plazo transcurrido desde que cada beneficiario salió del país, evalúe la inmediata suspensión de la pensión, dado que es necesario cesar los efectos de una posible conducta delictiva vinculada al incumplimiento del requisito previsto en la normativa.
Por su parte, Pettovello accedió de manera inmediata a solicitudes de esta envergadura por parte de la Justicia, a diferencia de autoridades del gobierno anterior, como la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz.
La ley 27.260 que instituyó la PUAM determinó el beneficio de carácter vitalicio y no contributivo a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad, siendo equivalente al 80% del haber mínimo garantizado, actualmente $ 152.113.28 mensuales.
Los requisitos de acceso y continuidad de cobro de la pensión establecen que el beneficiario debe ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, con una residencia legal mínima en el país de diez años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, o ciudadano extranjero con residencia legal mínima acreditada en el país de veinte años, de los cuales diez deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio.
El Decreto Reglamentario 894/2016 estipula que la PUAM es otorgada por la ANSES e instruye a los demás organismos de la Administración Pública Nacional a remitirle la información disponible en sus bases de datos que sea útil para el control de los requisitos establecidos.
Según la investigación de Marijuán, entre los 2.954 titulares de la PUAM que se fueron del país y no volvieron, hay una amplia variedad de casos que deberán ser investigados de forma particular, por lo que no serán investigados en un único expediente, sino en casi tres mil, uno por cada beneficiario. La Justicia deberá determinar quiénes cobraron los $ 5.842.000.000 anuales de personas que no residen en el país y qué funcionarios públicos permitieron que esto sucediera.